Morelia, Mich., a 16 de abril.- La Procuraduría General de Justicia ha seguido en forma permanente la investigación del secuestro de Pedro Morales González, cuyos familiares se manifestaron el medio día de este jueves a las afueras de la sede de la Procuraduría General de Justicia, pidiendo su esclarecimiento.
De la averiguación se desprende que el día 31 de mayo del año 2008, Pedro Morales González, de 37 años de edad, fue privado de la libertad por varios sujetos armados, cuando viajaba a bordo de una camioneta marca Lincoln, Navigator, modelo 1997, de procedencia americana, en compañía de su concubina y de otra familiar, cuando salían de Contepec, para dirigirse a la autopista Maravatío- Atlacomulco.
Al pasar cerca de una caseta de la policía municipal de Contepec, fueron interceptados por un auto compacto de color gris y de modelo reciente, cuyo conductor les cerró el paso, descendiendo del auto dos sujetos armados, quienes obligaron al hoy ofendido a bajar de la camioneta, para lo cual lo golpearon y amagaron con sus armas e incluso le dispararon lesionándolo en una pierna. Los agresores se ostentaron como policías judiciales y antes de retirarse dijeron a las acompañantes de la víctima que pronto recibirían noticias de él y acto seguido se retiraron del lugar con rumbo a la población de Buena Vista, en el vecino municipio de Maravatío.
Luego de lo sucedido las mujeres pidieron auxilio a dos elementos de la policía municipal de Contepec destacamentados en el módulo, quienes no contaban con vehículo para seguir a los hechores, por lo cual se limitaron a informar de los hechos a las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, hecho lo cual unas patrullas de esa corporación realizaron diversos recorridos sin obtener resultados positivos.
El mismo día de los hechos familiares del ofendido presentaron denuncia; sin embargo más tarde rechazaron la intervención de la Procuraduría en la investigación y negociación con los secuestradores, bajo el argumento de que temían que si éstos se enteraban de la denuncia privarían de la vida al ofendido.
Asimismo, por iniciativa propia movilizaron el vehículo en que viajaban, con lo cual impidieron la búsqueda de huellas dactilares y otros indicios pertinentes para la identificación de los presuntos responsables. Inclusive hasta varios días después hicieron entrega de un proyectil de arma de fuego que según ellos había sido disparado por los hechores.
En ese tenor, los mismos familiares llevaron a cabo la negociación sobre el monto y pago del rescate. Los secuestradores pidieron inicialmente 1 millón de pesos, pero finalmente convinieron el pago de 320 mil pesos, cuya entrega se realizó el día 6 de junio siguiente, en un lugar al que acudieron varios sujetos a bordo de un auto compacto, en tanto que los hechores no cumplieron su promesa de liberar al secuestrado al día siguiente.
Fue hasta el día 13 de junio que los denunciantes informaron al personal de la Dirección Antisecuestros sobre el resultado fallido de la negociación.
Dentro de los operativos e investigaciones realizadas por la Fiscalía, incluidas las declaraciones de diversas personas y otras diligencias, se pudo determinar que José Juan Alvarado López, alias “El Máscara”, ex agente de la policía ministerial, era uno de los presuntos responsables.
Por lo anterior se giró una orden de localización y presentación en contra de dicha persona, para profundizar en la investigación y poder conocer la identidad de los demás partícipes, pero antes de que se cumplimentara esa determinación, su cuerpo fue localizado sin vida el 19 de febrero del 2009, en una tumba clandestina que se encontró en el predio rústico conocido como La Gigantera, por la salida de la carretera Morelia-Pátzcuaro, no obstante lo cual se continúan las investigaciones para dar con el paradero del ahora ofendido así como para identificar a los demás responsables.
En ese sentido, la Procuraduría General de Justicia reitera su compromiso de lograr el esclarecimiento de este hecho delictivo, incluyendo la localización del ofendido.
De la averiguación se desprende que el día 31 de mayo del año 2008, Pedro Morales González, de 37 años de edad, fue privado de la libertad por varios sujetos armados, cuando viajaba a bordo de una camioneta marca Lincoln, Navigator, modelo 1997, de procedencia americana, en compañía de su concubina y de otra familiar, cuando salían de Contepec, para dirigirse a la autopista Maravatío- Atlacomulco.
Al pasar cerca de una caseta de la policía municipal de Contepec, fueron interceptados por un auto compacto de color gris y de modelo reciente, cuyo conductor les cerró el paso, descendiendo del auto dos sujetos armados, quienes obligaron al hoy ofendido a bajar de la camioneta, para lo cual lo golpearon y amagaron con sus armas e incluso le dispararon lesionándolo en una pierna. Los agresores se ostentaron como policías judiciales y antes de retirarse dijeron a las acompañantes de la víctima que pronto recibirían noticias de él y acto seguido se retiraron del lugar con rumbo a la población de Buena Vista, en el vecino municipio de Maravatío.
Luego de lo sucedido las mujeres pidieron auxilio a dos elementos de la policía municipal de Contepec destacamentados en el módulo, quienes no contaban con vehículo para seguir a los hechores, por lo cual se limitaron a informar de los hechos a las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, hecho lo cual unas patrullas de esa corporación realizaron diversos recorridos sin obtener resultados positivos.
El mismo día de los hechos familiares del ofendido presentaron denuncia; sin embargo más tarde rechazaron la intervención de la Procuraduría en la investigación y negociación con los secuestradores, bajo el argumento de que temían que si éstos se enteraban de la denuncia privarían de la vida al ofendido.
Asimismo, por iniciativa propia movilizaron el vehículo en que viajaban, con lo cual impidieron la búsqueda de huellas dactilares y otros indicios pertinentes para la identificación de los presuntos responsables. Inclusive hasta varios días después hicieron entrega de un proyectil de arma de fuego que según ellos había sido disparado por los hechores.
En ese tenor, los mismos familiares llevaron a cabo la negociación sobre el monto y pago del rescate. Los secuestradores pidieron inicialmente 1 millón de pesos, pero finalmente convinieron el pago de 320 mil pesos, cuya entrega se realizó el día 6 de junio siguiente, en un lugar al que acudieron varios sujetos a bordo de un auto compacto, en tanto que los hechores no cumplieron su promesa de liberar al secuestrado al día siguiente.
Fue hasta el día 13 de junio que los denunciantes informaron al personal de la Dirección Antisecuestros sobre el resultado fallido de la negociación.
Dentro de los operativos e investigaciones realizadas por la Fiscalía, incluidas las declaraciones de diversas personas y otras diligencias, se pudo determinar que José Juan Alvarado López, alias “El Máscara”, ex agente de la policía ministerial, era uno de los presuntos responsables.
Por lo anterior se giró una orden de localización y presentación en contra de dicha persona, para profundizar en la investigación y poder conocer la identidad de los demás partícipes, pero antes de que se cumplimentara esa determinación, su cuerpo fue localizado sin vida el 19 de febrero del 2009, en una tumba clandestina que se encontró en el predio rústico conocido como La Gigantera, por la salida de la carretera Morelia-Pátzcuaro, no obstante lo cual se continúan las investigaciones para dar con el paradero del ahora ofendido así como para identificar a los demás responsables.
En ese sentido, la Procuraduría General de Justicia reitera su compromiso de lograr el esclarecimiento de este hecho delictivo, incluyendo la localización del ofendido.
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