Instalan el Consejo de Coordinación para la implementación de la Reforma Judicial en Michoacán

Morelia, Mich., a 14 de julio de 2010.- El gobernador Leonel Godoy Rangel, atestiguó la instalación del Consejo de Coordinación para la Implementación, Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Michoacán,  el cual es presidido por Alejandro González Gómez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado, siendo la única instancia de consulta, planeación y coordinación de las acciones dirigidas al establecimiento y evaluación del nuevo sistema de justicia penal en el ámbito estatal.

En su intervención el mandatario estatal recordó las reformas que se hicieron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de transformar el Sistema de Seguridad y Justicia Penal, de uno mixto a uno adversarial, y de esa forma dar plena vigencia a las garantías individuales y derechos humanos consagrados constitucionalmente, así como brindar la seguridad jurídica de vida a las personas y a su patrimonio.
“La Constitución Política del Estado consagra el principio de la división de poderes, por lo que cada uno es autónomo e independiente entre sí,  pero al mismo tiempo intervienen los tres en el Consejo de Coordinación, manteniendo esa coordinación que se requiere.
“Se trabaja en la consolidación de un país donde la cultura de la legalidad sea una práctica habitual, vinculada al sentido común y a la experiencia cercana del ciudadano, donde la cultura de la legalidad sea una manera de relacionarse con el otro, con autoridad, con el poderoso y con el débil, eso es lo que está en juego dentro de los trabajos del Consejo”.
Godoy Rangel comentó que en el Consejo se encuentra la fuerza, la voluntad y la reflexión de las instituciones comprometidas a desarrollar de manera estable y seria, un anhelo todavía no logrado de la ciudadanía por construir una sociedad que pueda desarrollarse bajo prácticas apegadas a la legalidad. Una legalidad que suma, entienda y respete, una legalidad democrática.
“La justicia debe responder a los reclamos del débil, debe potenciar al impotente, debe garantizar la libertad, debe proteger al débil frente al violento, debe procurar las condiciones estables mínimas para el desarrollo y para superar las desigualdades que denigran la opresión, la miseria, la ignorancia y la arbitrariedad.
“Por lo tanto del Consejo deben fortalecerse las instrucciones para garantizar esos anhelos, y en ese sentido al reconocerse el carácter fundamental de la justicia como una de las necesidades y exigencias de la sociedad, y que compite frente a otras exigencias como educación, salud, empleo y trabajo, desde una visión distinta frente a los escasos recursos disponibles, por ello, se debe trabajar en el desarrollo que se necesita, contrayéndolo sobre condiciones de seguridad jurídica y respeto a las libertades y derechos fundamentales, mostrando un compromiso verdadero con Michoacán”.
Fidel Calderón Torreblanca, secretario de Gobierno e integrante del Consejo, comentó que en Michoacán se da un paso fundamental en la conformación de un nuevo sistema de justicia penal con la instalación, en tiempo y forma, del Consejo de Coordinación para su Implementación, Seguimiento y Evaluación, como única instancia de consulta, planeación y coordinación de todas las acciones dirigidas a su establecimiento.
“Lo conseguido este días, se da gracias al espíritu de colaboración entre los tres poderes del Estado y con base en un esfuerzo plural que en todo momento ha puesto por delante al interés general y a una visión de largo plazo que da cabal cumplimiento a lo dispuesto por la reforma federal del año 2008 en la que todas estas instancias encuentran motivación y fundamentación”.
“El objetivo es tener una visión de Estado, que le permita a Michoacán avanzar consistentemente y con acciones de vanguardia en la implementación de un nuevo sistema procesal penal acusatorio”.
Indicó que desde el principio de los trabajos, los tres poderes del estado se han dispuesto a coincidir en una plataforma común que le ofrezca a la sociedad y pueblo michoacano la seguridad de que los pasos que se den en los próximos años serán firmes y sólidos en la perspectiva de lograr hacer efectivos los propósitos de la reforma constitucional federal que nos procede y la convicción de avanzar en la consagración del precepto constitucional y la exigencia pública de contar con un sistema de justicia pronta y expedita para todos y para todas en el Estado.
Por su parte el presidente del Consejo de Coordinación para la Implementación, Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Michoacán, Alejandro González Gómez, mencionó que el Consejo busca establecer en la entidad el sistema procesal penal acusatorio consagrado en la norma suprema, derivado de la trascendente reforma de junio de 2008.
Los pasos o eslabones más significativos que han sido desarrollados, de tal manera y que han sentado las bases para el inicio de los trabajos del consejo son: La creación, por el Congreso del Estado, en septiembre del 2008 de la mesa técnica para la reforma en materia de seguridad pública y justicia penal, integrada por representantes de los tres poderes del estado, así como de otras instituciones y organismos.
La firma, en julio del 2009, por los mismos poderes del convenio de colaboración con el Secretario Técnico del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal, la suscripción, el 27 de mayo del presente, del convenio entre los representantes de los poderes del estado para la creación del Consejo que hoy se instala y la expedición, por parte del Congreso del estado del decreto de 10 de junio del año en curso, constitutivo de este órgano colegiado.
“Con la instalación del Consejo se refrenda el compromiso para cumplir el mandato constitucional de establecer en el estado, el sistema procesal acusatorio; y, con ello, el fortalecimiento del Estado de Derecho que, en primera instancia y ante todo, implica la sujeción de los poderes públicos a la ley. Inaugurando en Michoacán, una nueva forma de administrar justicia, fundada en el debido proceso y el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de imputados y víctimas.
Juan Carlos Campos Ponce, diputado local e integrantes del Consejo, indicó que los tres poderes del estado se unen por una preocupación, la implementación de la reforma constitucional penal aprobada por el constituyente permanente, nada más importante que la reforma al pacto fundamental de todos los mexicanos, que impone límites a los poderes constituidos, y que obliga, a que el ejercicio del poder debe dictarse con sujeción estricta a la constitución, y todo lo que no se haga conforme a ella no tiene validez, ni adquiere vigencia.
“La reforma que estamos tratando de llevar a la práctica es una reforma con ambición y alcances muy grandes, pues ella estará llamada a gobernar, por ello, el análisis tiene que ser amplio, comprometidos con el avance de la justicia, y estamos comprometidos con tener un nuevo modelo de justicia penal, fincado en la constitucionalidad de los actos de los poderes públicos.
“Esta reforma constitucional representa oportunidades y retos que devienen de obligaciones para los tres poderes del estado y el éxito en si implementación dependerá de la atención especial, constante y decidida de los que directa e indirectamente intervengan en el nuevo sistema de justicia”.
El Gobernador del Estado, tomó protesta a los integrantes del Consejo de Coordinación para la Implementación, Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Michoacán el cual integran: Alejandro González Gómez, presidente y como consejeros, Fidel Calderón Torreblanca, secretario de Gobierno, Minerva Bautista Gómez, secretaria de Seguridad Pública; J. Jesús Montejano Ramírez, Procurador de Justicia en el Estado; los diputados locales Gabriela Desiree Molina Aguilar,  Juan Carlos Campos Ponce, Antonio Salas Valencia y Samuel Arturo Navarro Sánchez; Juan Antonio Magaña de la Mora; Libero Madrigal Flores y J. Jesús Sierra Arias.