Con la Constitución en la mano se avanzará en el objetivo de lograr mayor seguridad y justicia para todos: Godoy Rangel

Morelia, Mich., a 26 de mayo de 2011.- En el marco del foro “Seguridad con justicia para México”, el gobernador Leonel Godoy Rangel aseguró que es con la Constitución en la mano, respetando los derechos humanos, las garantías procesales y bajo los procesos debidos y justos, es como se avanzará en lograr mayor seguridad y justicia para todos, y reiteró que las desigualdades sociales deben combatirse con la misma fuerza que a la delincuencia.

Godoy Rangel agradeció la invitación que le hicieron al foro en el que se abordó un tema que afectó sensiblemente la vida del estado y que hoy cumple dos años de haber ocurrido; hecho que constituye ya un caso paradigmático en la historia reciente de la procuración de justicia del México contemporáneo.

Puntualizó que el Operativo Conjunto Michoacán, constituyó un despliegue y una forma de lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada criticable por sus aristas inoperantes y riesgos visibles. “Pero nunca hasta hoy, por nuestra parte se ha cuestionado el objetivo”.

Recordó que el 26 de mayo del 2009 se realizó el operativo en el que se detuvo a alcaldes, servidores públicos del Poder Judicial del Estado, estatales y municipales, y con justificada indignación, se reclamó la falta de comunicación y coordinación porque implicaba poner en entredicho la integridad e imparcialidad del Ejecutivo a su cargo.

Resaltó que en ningún momento el Gobierno de Michoacán se pronunció en contra de la intención manifiesta del operativo y dejó en claro que reconocía la atribución de las autoridades federales en el combate al crimen organizado.

Sin embargo, dijo, estas demandas no fueron entendidas, ni atendidas. “En todo momento mi reclamo ha sido justo: respeto a la soberanía del estado, respeto a las sedes de los poderes locales y a la Constitución”.

Agregó que las posteriores peticiones de su gobierno para reforzar la coordinación y la colaboración, fueron también desoídas por el gobierno federal, el cual unilateralmente decidió el incremento de las fuerzas federales en el estado.

Ante estos hechos, prosiguió, “reiteré el apoyo al gobierno federal; le solicitamos restituir la coordinación con el Gobierno del Estado democráticamente electo, sabedor de que sería la delincuencia organizada la que saldría ganando, como ocurrió, sin duda”.

Luego de mencionar que ante estos desencuentros se sostuvieron reuniones urgentes a nivel político y táctico con el gabinete de seguridad nacional, en las que se tomaron acuerdos como realinear la coordinación entre gobierno estatal y federal, recuperar la comunicación entre ambas autoridades y pugnar por la neutralización de los delincuentes y no de las instituciones, a través del trabajo conjunto.

Manifestó que en todo este proceso, desde el principio, sostuvo que la delincuencia debe perseguirse con la Constitución en la mano, la cual establece un sistema de justicia penal democrático, humanista, respetuoso de los derechos humanos; que actúa con apego a la Constitución y da a la población un rumbo cierto de seguridad.

Especificó que el mal llamado “michoacanazo” atentó contra los principios que establece la Constitución y el sistema de justicia penal democrático que de ella emana. No sólo porque violaron domicilios y detuvieron personas sin orden de autoridad judicial, sino porque fueron sometidos a arraigo y a prisión, acusados por testigos de dudosa idoneidad; sino también, porque se violentaron los principios elementales del Derecho como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, al proceso debido y a la no trascendencia de las penas. Además, porque se violó la soberanía del estado, al ingresar a la sede del Poder Ejecutivo, sin respeto a lo que establece el Código Federal de Procedimientos Penales.

Comentó que en junio del 2009, el gobierno federal rechazó importantes recomendaciones formuladas por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por la violación de las garantías fundamentales del pueblo mexicano, debidas al modelo operativo en marcha.

Asimismo, añadió, el 29 de octubre de ese mismo año, la CNDH emitió la recomendación  N° 72/2009, en la que formuló nueve recomendaciones al Procurador General de la República y cinco al Secretario de Seguridad Pública sobre las detenciones del 26 de mayo en las que reforzaban los justos reclamos de Michoacán.

A dos años de tales sucesos, considero que en tanto un acto procesal penal el asunto ya concluyó, pero como acto de evidente violación a los mandatos constitucionales en materia penal, no ha concluido, sigue pendiente el reconocimiento del Gobierno Federal a una actuación fuera del marco legal, en la que se desconocieron los Derechos Humanos, las recomendaciones que al respecto se emitieron, así como una reivindicación moral de quienes en su momento vieron gravemente dañada su trayectoria pública por las detenciones.

Destacó que  a quienes “pudieran ver en mi posición un tinte partidista”, que los funcionarios y alcaldes afectados no fueron solamente de las filas perredistas, ya que de los 12 presidentes municipales acusados, seis pertenecen al PRI, cuatro al PRD y dos al PAN.

Aunado a ello, sólo siete servidores públicos eran de filiación perredista de más de una treintena de acusados, en tanto que el resto eran trabajadores de carrera de la procuración de justicia o de la administración pública estatal, con más de 15 años laborando. “Nunca hubo diferencia alguna que tuviera motivaciones de filiación partidista ni de apego personal. Mis pronunciamientos públicos son constancia de ello”.

Especificó que la seguridad es un tema de Estado y todos debemos de participar en ello. Urgen medidas que refuercen la participación social en las tareas de combate al crimen organizado, entre ellas: mayor uso de tecnología; labores de inteligencia; evaluación y control.

Insistió, en el plano legal, que deben revisarse figuras jurídicas como la localización y presentación de personas;  el arraigo; los testigos protegidos; las intervenciones telefónicas y las llamadas telefónicas anónimas.

Indicó que en el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, los gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, asentaron que es claro que la actual organización de seguridad pública en el país favorece la desarticulación, los esfuerzos de por sí inconexos y produce las respuestas aisladas.

Ello implica un rediseño integral, del modelo policial, a fin de que éste responda con oportunidad a la problemática actual de dispersión y multiplicidad de funciones, por lo que propongo llevar esta deliberación al H. Congreso de la Unión y realizar las adecuaciones pertinentes en las legislaciones de cada entidad federativa.

La disminución de oportunidades laborales, la falta de oportunidades educativas, las diferencias culturales y el deterioro del medio ambiente, dan lugar a situaciones en las que actividades como el narcotráfico, el secuestro, la conformación de pandillas, la pobreza, la migración y la explotación irracional de los recursos naturales, se convierten en una amenaza para los objetivos nacionales y estatales tendientes a un desarrollo sustentable, equitativo, con respeto a la diversidad cultural, así como la creación de empresas que generen empleos.

Es por ello que reitero la necesidad urgente de atender la otra cara de la moneda: la lucha contra las desigualdades, la falta de oportunidades de empleo, educación y salud, principalmente.

Dijo que si se combate con la misma fuerza las desigualdades sociales que a la delincuencia, “si actuamos con respeto a las garantías constitucionales, si reivindicamos un sistema de justicia penal donde prevalezca la presunción de inocencia y el respeto a los derechos humanos, estoy seguro que derrotaremos a este flagelo nacional que es el crimen organizado y sus secuelas en el país”.

Afirmó que los gobiernos de los estados deben coadyuvar en esa lucha, pero a través de los mecanismos de coordinación que establezcan las leyes, convenios y acuerdos suscritos en el espíritu del pacto federal, “desenvolvernos bajo esos criterios nos asigna un grado de responsabilidad también en el éxito o fracaso”.

Por su parte Carlos Sotelo García, coordinador del “Grupo plural de trabajo para dar seguimiento a la situación jurídica y procesal de los ex funcionarios de Michoacán”, indicó que con el llamado michoacanazo se violentaron diversas garantías constitucionales que rigen el proceso penal, entre otras el derecho de presunción de inocencia.

Es evidente, dijo, que la violación sistemática a los derechos humanos es uno de los problemas más graves del sistema de procuración y administración de justicia.

A partir de lo conocido por el michoacanazo, dijo, se planteó una iniciativa que, entre otras cosas, propone reforzar el principio de la presunción de inocencia, extraer del orden constitucional la figura del arraigo, acotar el valor probatorio de los testigos protegidos y establecer mayores requisitos para los cateos.

Por su parte Rosa María de la Torre Torres, secretaria auxiliar de la Universidad Michoacana, luego de dar la bienvenida a los asistentes, señaló que el foro aportará conclusiones y propuestas necesarias en materia de seguridad.

Al foro asistieron estudiantes, servidores públicos, ex funcionarios, académicos y estudiosos del tema de seguridad, procuración y administración de justicia.